Foto: Télam.

Se trata de la séptima presentación de un proyecto en el Congreso para despenalizar el aborto. La propuesta fue elaborada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y llega con el apoyo de 71 diputadas y diputados de un amplio arco político. Se presentó en la Cámara de Diputados.

El escenario se muestra favorable para su aprobación: Es la que vez que más apoyos tiene en el Congreso desde la primera presentación de un proyecto en 2008. Aquella vez tuvo 22 firmas. Así allana el camino para lograr los 129 votos necesarios para habilitar el debate en el Congreso.

El proyecto es impulsado por las diputadas Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin (UCR-Cambiemos), Mónica Macha (Frente para la Victoria-PJ) y Romina del Plá (Partido Obrero-Frente de Izquierda). Y cosecha apoyos en todos los bloques: Frente Para la Victoria-PJ (38 legisladores firmaron a favor), UCR (14), PRO (5), Movimiento Evita (4), Frente de Izquierda (3), Evolución (3), Frente Renovador (2), Partido Justicialista (1), Libres del Sur (1).

Según un sondeo de la Campaña difundido por Página 12, el contexto es muy favorable para iniciar el tratamiento: un 30 por ciento de diputados y diputadas a favor de despenalización y legalización del aborto, otro 30 por ciento, en contra, y un 40 por ciento sin definir, que se dividirían por mitades, entre indecisos y quienes aún no dieron a conocer su postura.

A su vez, las dirigentes a favor de la medida cuentan con el aval del Ejecutivo nacional, que dio luz verde para discutir el proyecto, a pesar de la posición personal en contra de gran parte del gabinete de ministros y del propio presidente Mauricio Macri.

¿Qué dice el proyecto?

El proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) garantiza que cualquier persona con capacidad gestante (incluye a las personas trans) tendrá derecho a abortar en un hospital público o una clínica privada en las primeras 14 semanas de gestación, sin tener que dar ninguna explicación.

Los gastos serán cubiertos por el Estado, las obras sociales y las prepagas. En casos de violación, si estuviera en riesgo la vida o la salud (física, psíquica o social de la mujer) o si existieran malformaciones fetales graves, se podrá realizar luego de las 14 semanas, tal como figura en la ley actual.