por Alejandro Enrique

Hoy se cumplen 45 años del golpe de Estado que desembocó en la Dictadura Militar. La asonada castrense que se autoproclamó “Proceso de Reorganización Nacional” tiene sus caras más visibles en el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti. Sin embargo, la logística, el apoyo y el colaboracionismo no se agotaron en esos tres apellidos. La participación civil, empresaria y
religiosa fue necesaria y en algunos casos hasta escandalosa. La Matanza tuvo parte de ese protagonismo donde también hubo complicidad civil. Aunque hay que hacer un pequeño análisis: el nivel de desprestigio social con el que hoy cuentan los militares golpistas de aquellos años dista mucho de lo que culturalmente se compartía en el sentido común de la época. Muy por el contrario, para amplios sectores de la comunidad los militares “llegaban para poner orden” ante el “desquicio de la política”. Las fuerzas armadas eran, según el sistema de medios de comunicación imperante, “la reserva moral de la patria”. Algo que los argentinos repetían religiosamente. Es por eso que no conviene caer en el facilismo de condenar a los vecinos de a pie que eran víctimas de esa manipulación cultural.

Desde el golpe militar del 6 de septiembre de 1930 a Hipólito Yrigoyen los “comisionados
municipales” delegados por los dictadores iban a ser civiles. Tal el caso de Mariano Chaumell (o Chuamell, en los documentos aparece escrito de ambas formas) quien iba a desalojar del Palacio Municipal al radical personalista Jorge Crovara. También iba ser civil el delegado a jefe comunal por la sangrienta dictadura que derrocó a Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955: el doctor Eduardo Vega Espeche. Pero el plan represivo de la Dictadura Militar de 1976 se iba a necesitar de hombres de las fuerzas para implementar el plan sistemático de desaparición de personas, a la vez que instalaría un nuevo paradigma económico y cultural en todo el país. Es por eso que el 24 de marzo recurrieron específicamente a “cuadros” de las fuerzas armadas para ejecutar el siniestro programa represivo.

Vamos a recordar que por entonces gobernaba La Matanza el intendente peronista Francisco Larraza. El contexto político de aquellos tiempos, y por supuesto también en los años previos, entendía a la violencia armada como una de las vías para los logros políticos. La confrontación entre los sectores internos a posteriori de la muerte de Perón (1 de julio 1974) llevó a una deriva que permitió a José López Rega copar el gobierno por dentro, y realizar el primer experimento de ajuste económico durante un gobierno peronista. Aquel plan pasó a la historia como el “Rodrigazo”. Sin apoyo popular y sin legitimidad social ese contexto iba allanar el camino de los militares. En horas de la madrugada del 24 de marzo una consigna militar montó guardia sobre Almafuerte 3050, en la puerta del Palacio Municipal, colocando una faja de clausura para impedir la entrada a los empleados de la comuna. El intendente democrático Larraza iba a ser reemplazado por el teniente coronel Carlos Herrero al día siguiente del golpe. Por las calles de San Justo la mayoría camina sin prestar atención, mientras un grupo minúsculo festejaba en la esquina de Arieta y Villegas.
De inmediato se notó la presencia militar en las calles de La Matanza con piquetes viales donde diariamente los uniformados controlaban a los pasajeros. Pero estos no perdieron el tiempo para desplegar el aparato represivo: La misma noche del 24 de marzo secuestraron a Jorge Candela Rubial en la ciudad de Ramos Mejía, quien pasaría a ser el primer desaparecido en La Matanza durante la Dictadura Militar.

En amplios sectores de la sociedad civil se saludaría la irrupción castrense con entusiasmo.
Veamos lo que dice el periódico matancero Enfoques en su edición de abril de 1976: “En el
umbral de una nueva etapa, la ciudadanía argentina aguarda, esperanzada, el advenimiento de mejores días… Claro está que la restauración nacional no ha de lograrse sin esfuerzos ni sacrificios”. Esta opinión se repetiría en el resto de los medios de comunicación del país. A las pocas semanas el coronel Herrero dejó su interinato y asumió la Intendencia matancera el comodoro Oscar Bárcena. Le cupo a Bárcena, hombre de la aeronáutica, la etapa más dura de la represión militar. El bienio 1976-1978 fue la fase de mayor brutalidad en los secuestros, torturas y desaparición de personas, y en La Matanza el acompañamiento a los grupos de tareas se hacía desde el despacho del Intendente. Durante ese lapso secuestraron y desaparecieron, entre otros, al ex concejal del PJ Delfor Santos Soto y al dirigente gremial Jorge Luis Congett; asesinaron al ex edil de la UCR Néstor Petrissans y la militante estudiantil Laura Carlotto Barnes (la hija de Estela de Carlotto) apareció muerta a metros de la estación de trenes de Isidro Casanova, mientras que Federico Russo (ex Secretario Privado de Larraza) y el diputado Alberto Medina eran torturados en una comisaría de Gregorio de Laferrere luego de ser secuestrados de sus domicilios.

En 1978, el comodoro Bárcena tuvo que volver a Catamarca para asumir como interventor
provincial, entonces fue reemplazado por el coronel Félix Camblor quien buscó mostrarse
como un militar democrático. De hecho usaba más a menudo el saco y la corbata que el traje del ejército argentino. Camblor era soltero y los domingos gustaba visitar las entidades de fomento junto a su madre, con toda la intención de mostrar el “rostro humano” de una Dictadura que ya desprestigiada. El encargado de cerrar la etapa de la Dictadura Militar en La Matanza sería el coronel Alberto Calloni, que venía de ser interventor en la provincia de Santa Cruz. Calloni iba a cargar con la campaña matancera de la Guerra de Malvinas. De todos los jerarcas militares del Proceso de Reorganización Nacional ninguno fue oriundo de La Matanza, y en el caso particular de Calloni guardaba en su “foja de servicio” el haber sido, durante su papel de interventor en Santa Cruz, quien interrogó y encarceló durante tres días a un joven dirigente político de esa provincia: Néstor Kirchner.

Hoy, donde muchos intentan banalizar lo ocurrido hace 45 años atrás, conviene repasar lo que dejó aquella pesadilla militar: entre los diversos daños causados por los dictadores y sus colaboracionistas, los años de El Proceso dejaron en La Matanza 335 desaparecidos y la
creación de 36 centros clandestinos de detención donde se torturó, se asesinó y se
desapareció a personas. Entre otros a Haroldo Conti, a Héctor Germán Oesterheld y a
Raymundo Gleyzer en el CCD El Vesubio de Aldo Bonzi.