Lo que se rumoreaba como una sospecha, finalmente se convirtió en una certeza para los trabajadores del Estado. En un foro económico, Milei adelantó que dará de baja 70.000 contratos.
“Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos”, dijo el presidente.
Si bien el presidente no dio precisiones sobre las desvinculaciones, a fin de mes vence una importante cantidad de contratos en distintos organismos y carteras ministeriales. Fuentes de Casa Rosada dijeron a medios locales que 70.000 contratos están en revisión y que se darán de baja en distintas etapas. Es decir, el plan está en marcha y será por goteo, mes a mes.
A esta cifra exorbitante, se le suman los 50.000 despidos que el presidente mencionó para el sector estatal. Algunos ya son una realidad, como los de Anses, y otros aún no pudieron implementarse como es el caso de la agencia de noticias Télam que Milei da por cerrada pero que sus trabajadores defienden y cuyo cierre precisa de mecanismos que el gobierno no puede ejecutar de manera arbitraria.
Apenas asumió, la administración libertaria dio de baja una buena cantidad de contratos con antigüedad menor a un año. Sin embargo, los despidos que llegarán ahora afectarán a trabajadores con distintas trayectorias, ya sea monotributistas o aquellos considerados de “planta transitoria”, es decir, trabajadores que pueden tener más de veinte años en sus funciones.
Cada día, sin perder de vista su recetario para bajar el déficit, el gobierno nacional avanza quitando presupuestos a las provincias, eliminando puestos de trabajo y afectando las fórmulas de las jubilaciones, mientras empobrece a la sociedad con medidas que perjudican no a “la casta” sino al pueblo.
A los despidos en el Estado – a lo largo y ancho de todo el país-, se suma la eliminación de la obra pública. Esto de manera indirecta afecta severamente al sector de la construcción.
Los despidos no obedecen a causas justificadas o irregularidades en las funciones de los empleados sino que son parte de un recorte brutal y en muchos casos se disfrazan bajo la etiqueta de “trabajo militante”.
