La fiscal Gabriela Baigún, quien interviene en la causa judicial por el Plan Qunita, que fue iniciada en 2016, pidió el sobreseimiento de todos los funcionarios acusados de corrupción debido a que “ninguna de las conductas por las que se promovió la acción penal constituye delito”.

Entre los acusados se encuentra Aníbal Fernández, que no era Jefe de Gabinete cuando se realizó la licitación del programa en 2015; el Ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán; el viceministro de la misma cartera, Nicolás Kreplak; y otros funcionarios y empresarios que participaron.

En la instrucción en que se investigó si hubo irregularidades en la licitación para la entrega de kits que incluían cunas, chupete y moisés, entre otros elementos, se llevó a cabo una pericia que determinó que no hubo perjuicio a la administración pública ni se pudo constatar el direccionamiento hacia las empresas que ganaron la licitación.

De esta forma, el Tribunal Oral Federal 1 deberá definir si realiza o no el juicio oral y público. En caso de dar lugar a lo solicitado por la fiscal, los imputados quedarían absueltos por la inexistencia de un delito que había sido denunciado por la diputada opositora al kirchnerismo, Graciela Ocaña.

El Plan Qunita, que se entregaba a familias de bajos recursos económicos, constaba de un kit que incluía un moisés sencillo de armar para que el bebé durmiera en un colecho y además se tenía ropa, blanquería, sonajeros, libro de instrucciones, libritos de cuentos y cremas.