En el marco de la salida de la pandemia de Covid-19 y la búsqueda de reactivación económica, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció un nuevo aumento salarial para los miembros de la Policía bonaerense y también para el personal del Servicio Penitenciario.

Se trata de un incremento de un 11% que, sumado a los valores ya otorgados a principios de año, acumula un total de 46,5% más respecto a diciembre de 2020. Además, adelantó que las horas Cores, es decir, las horas extra, pasarán a pagarse $180, lo que implica una cuadruplicación respecto a diciembre de 2019.

El propio Kicillof recordó que “cuando asumimos, las Cores se pagaban $40” y explicó que “equiparamos el salario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires al de las fuerzas federales porque nuestros agentes no tienen por qué ganar menos”. Además, remarcó que antes “era una policía sin equipamiento, sin inversión y con deterioro salarial”.

“Hubo una caída en los salarios de todos los trabajadores del Estado en los 4 años anteriores”, detalló el Gobernador y enumeró que “fue del 20% para trabajadores administrativos, de salud y educación” y que “esa caída tuvo su extremo en la policía” ya que “cayó 25,7% el salario real de los y las agentes”.

Por su parte, el Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, celebró que “hoy contamos con un Gobierno que se comprometió a resolver los problemas estructurales de la Provincia”, aunque reconoció que “el bienestar no es solo salarial” y valoró las obras realizadas “para sumar un hospital para emergencias y la construcción de alcaidías”.

Policías desafectados

También se conoció la decisión que tomó el Gobierno de desafectar a 400 agentes que habían participado del levantamiento en reclamo salarial realizado en septiembre de 2020, cuando dejaron de prestar servicio durante dos días y se manifestaron en Puente 12, la sede del Ministerio de Seguridad en La Matanza.

Además, se habían acercado a reclamar con los patrulleros hasta la Residencia de Olivos, lo que fue tomado como un intento de amedrentamiento hacia el Gobierno nacional. Los policías desafectados no prestarán servicio y cobrarán el 50% de su salario hasta que se defina su situación.

Además, hay otros 1400 efectivos que están siendo investigados por la Comisión de Asuntos Internos de la fuerza por haber realizado “gravísimas faltas administrativas” al utilizar patrulleros para otros usos que los de garantizar la seguridad y haber abandonado los puestos de trabajo para manifestarse.