La municipalidad lanzó un comunicado denunciando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la “expulsión” de pobladores de sus villas que se instalan de forma ilegal en terrenos baldíos de La Matanza.

De acuerdo al comunicado, La Matanza “lleva más de 20 años siendo víctima de la toma ilegal de terrenos en toda su extensión” que pertenecen en su mayoría al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).

“La instalación de pobladores expulsados de las villas de Capital Federal, sin previo aviso o acuerdo, imposibilitan el armado de un desarrollo urbanístico responsable y armonioso, que evite un colapso en la infraestructura de servicios y medio ambiental”, cuestionaron desde el palacio Almafuerte.

La denuncia de la municipalidad es una respuesta al conflicto desatado en los últimos días por la ocupación de terrenos del IVC en la intersección de las calles Avelino Díaz y Alfonisna Storni, en el barrio Vicente Lopez de Villa Celina, a 1 cuadra de General Paz.

“Un grupo de personas quiere ocupar los terrenos, dicen que les compraron los terrenos a una cooperativa”, relató a este medio Valeria, una vecina que protesta contra la ocupación y división de las tierras que comenzó a encarar un grupo de personas. De acuerdo al testimonio de la vecina, se trata de un grupo de personas de nacionalidad boliviana que alegan tener papeles de compra de la propiedad.

La ocupación de las tierras es resistida por los vecinos del barrio que “no quieren que edifiquen porque se inunda todo el barrio”, aseveró la vecina. Mientras tanto, en los últimos días la tensión se apropió del barrio, en medio de un clima de xenofobia contra los extranjeros que están en el lugar.

Los vecinos realizaron protestas y cortes de calle, pero también hubo enfrentamientos que desencadenaron que ya haya habido un desalojo por parte de la policía bonaerense y que el lugar este siendo custodiado por efectivos policiales.

Matanza Digital intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con los responsables de la delegación municipal, encontrando siempre una negativa como respuesta. Tras la escalada del conflicto, el municipio anunció que desplazó al subdelegado de la delegación, Gerardo Franco, por la filtración de un audio que lo involucra con “acciones vinculadas al predio”.

“Se inician las actuaciones sumariales correspondientes en la faz administrativa interna, mientras avanza el proceso judicial”, informaron. A su vez, cargaron culpas contra el gobierno nacional por haber “ignorado” el pedido local para que los terrenos formen parte de la construcción de casas en el marco del programa PROCREAR.

La toma de terrenos es un tema caliente en el distrito que se intensifica con el aumento de la pobreza y la profundización de la crisis habitacional. Cabe recordar que el año pasado un militante de la CTEP fue asesinado en Ciudad Evita en medio de un desalojo policial por la toma de terrenos que habían sido vendidos ilegalmente a familias sin techo.