Luego de la revelación de las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, que mostró documentos que sostienen que Argentina le envió armas y municiones en 2019, el Gobierno Nacional denunció formalmente a Mauricio Macri y a una decena de sus funcionarios en aquel entonces.

Todo surgió por la revelación de una carta fechada en noviembre de 2019 en la que se le agradecía al Gobierno argentino, encabezado por Macri y cuya Ministra de Seguridad era Patricia Bullrich, por el envío de armamento y municiones al país vecino. Cabe recordar que Evo Morales había sido derrocado y fueron reprimidas las manifestaciones sociales.

La justicia boliviana decidió profundizar en la investigación para descubrir si ese envío de armas estuvo respaldado legalmente o si se trató de una maniobra de contrabando. La investigación avanza paralelamente a la causa por la caída de Morales, en la cual ya está detenida la expresidenta de facto Jeanine Áñez y el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara.

Por su parte, el Comandante General de la Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, confirmó que parte del material represivo “continúa en los depósitos de la institución” y aseguró que “no existe documentación alguna que respalde esos pertrechos”. Desde Argentina se lo acusa de contrabando y se pide la prisión de Mauricio Macri.

Consultada sobre los episodios, la propia Patricia Bullrich reconoció el envío de armamento pero sostuvo que se trató de “ayuda humanitaria” para defender a quienes estaban refugiados en la Embajada Argentina en aquel país. Sin embargo, días después de ese hecho se realizaron fuertes represiones en Sacaba y Senkata, donde murieron ciudadanos.

La denuncia

Según informó la Agencia Télam, la denuncia formulada por el Gobierno lleva la firma de la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la administradora de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont; y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.

Allí se redacta que “el hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”.

También se detalla que se buscó “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”.

De esta manera, ahora deberán esperarse los avances en la Justicia de Bolivia y si se determinará algún pedido de extradición para funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio.